29 septiembre 2004

Embriaguez adolescente. Art selecc.

Uno de cada cuatro jóvenes españoles se ha emborrachado en los últimos treinta días, según las cifras de la Encuesta Escolar del Plan Nacional sobre Drogas presentada ayer por la ministra de Sanidad, Elena Salgado. El estudio, que analiza los comportamientos de los jóvenes entre 14 y 18 años, registra un preocupante incremento del consumo de alcohol en esta franja de edad. Hace dos años quienes admitían haberse emborrachado en el mes anterior era el 19,4%. También la iniciación en el consumo de alcohol se adelanta y pasa de los 15,3 años a los 13,7. Otra conclusión importante del estudio es que el consumo de acohol, junto al de drogas ilegales, tiende a concentrarse cada vez más en los fines de semana.

El Ministerio de Sanidad considera que estos datos no tienen un valor diferencial respecto a la población joven, sino que reflejan una evolución en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Los datos sobre embriaguez adulta revelan que en 2003 un 29,6% de los hombres y un 12,7% de las mujeres se había emborrachado en el año previo a la encuesta. Estas cifras constituyen un serio problema para la salud de la población, que se agrava especialmente en el caso de los jóvenes, sobre todo en la medida en que la edad de iniciación se adelanta. Pero constituyen también un problema asociado a la seguridad vial, por la repercusión del consumo de alcohol y de drogas en la mala conducción de vehículos, algo muy frecuente precisamente en el momento de mayor consumo, que es el fin de semana.

Estos nuevos datos revelan también que de poco ha servido la llamada ley del botellón, que pretendía terminar con el consumo de alcohol los fines de semana en espacios abiertos en las ciudades por parte de menores de edad. Requerirá mayor atención, en cambio, la observación de los efectos del endurecimiento del Código Penal que a partir del 1 de octubre podrá llevar a la cárcel entre tres y seis meses a quienes conduzcan bajo los efectos de la bebida.

El alcohol está en el origen del 80% de los accidentes de tráfico atribuibles a un error humano, y estos accidentes suponen 5.400 fallecimientos al año y 26.000 heridos graves.

Si se ha producido un aumento de conciencia social en torno a los accidentes de circulación y al impacto directo del alcohol en la accidentalidad, bueno sería ahora que también se extendiera esta preocupación respecto al consumo de alcohol y a sus efectos directos e indirectos en la formación y en la salud de los jóvenes.

15 septiembre 2004

¿Que pasa con Fene?

Rodríguez Zapatero anunció el domingo en Bilbao su compromiso para salvar el grupo público de astilleros Izar y prometió que ningún trabajador quedará abandonado a su suerte. La declaración política del presidente del Gobierno se ha querido interpretar como un desmentido al Plan Estratégico que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha elaborado para salvar los astilleros públicos, amenazados de quiebra por la exigencia de la Comisión Europea de devolución de las ayudas ilegales concedidas por el anterior Gobierno. La cantidad formalmente reclamada hasta ahora asciende a 308 millones de euros, pero el monto total puede superar los 1.000 millones.

La SEPI ha propuesto segregar la producción naval militar de Izar, que tiene mercado y posibilidades reales de supervivencia, y volcarla en una empresa nueva para sortear la quiebra que se producirá inevitablemente cuando la empresa tenga que devolver las ayudas que la Comisión ha declarado ilegales. Para tratar la gravísima situación en que quedaría la producción naval civil, la SEPI planteó la búsqueda de capital privado.

Este esquema estratégico es perfectamente compatible con la negociación con los sindicatos de un Plan de Viabilidad en el que los derechos de los trabajadores sean respetados, se eviten los despidos con un plan de jubilaciones anticipadas y se organice un programa de recolocaciones que permita mantener el grueso del empleo.

El compromiso de Zapatero no tiene por qué entrar necesariamente en contradicción con la estrategia empresarial diseñada por la SEPI. Por el contrario, la negociación industrial debe ser capaz de proporcionar un cierto margen de maniobra para que las promesas políticas puedan cumplirse sin crear agravios comparativos con otros colectivos de trabajadores.
La situación objetiva de los astilleros muestra incluso algunos síntomas de mejora.

La Comisión Europea ha declarado su disposición a no reclamar perentoriamente la devolución de las subvenciones ilegales, lo cual proporcionará más tiempo para buscar una solución negociada en España. Pero los trabajadores y sus representantes deben entender que tal solución debe cumplir dos condiciones: que sea realista y que sea legal. El plan de la SEPI cumple ambas condiciones.

Por el contrario, las vagas apelaciones a una "solución integral" para los astilleros, jaleadas hoy por el PP, que fue precisamente el responsable del actual desastre empresarial, no pueden defenderse ni en España ni en Bruselas.